PÁNICO AL OTRO LADO DE LA FRONTERA
IGNACIO FERNÁNDEZ(Universidad de Oviedo (UO))

PÁNICO AL OTRO LADO DE LA FRONTERA
LA CAMPAÑA ANTICÓMIC CANADIENSE DURANTE LA “GOLDEN AGE”:
ENTRE LA TUTELA DE LA INFANCIA Y EL NACIONALISMO

1. Introito: la estrecha relación entre las campañas anticómic en Canadá y Estados Unidos

A día de hoy resulta bien conocida la campaña anticómic orquestada en Estados Unidos durante los años cuarenta y cincuenta y que desembocó en la aprobación de dos códigos autorreguladores de la industria: el elaborado en 1948 por la Association of Comics Magazine Publishers y el redactado en 1954 por su sucesora, la Comics Magazine Association of America, luego enmendado en 1971[1].

La cruzada anticómic no se redujo, sin embargo, al país en el que ese medio había experimentado su mayor expansión y había adoptado sus principales señas de identidad, sino que se extendió a otras naciones a lo largo de los cinco continentes: desde México hasta Filipinas, pasando por Australia, Francia, Alemania o Gran Bretaña[2]. Como si de una epidemia se tratase, el rastro de los cómics podía seguirse también por la oposición que fue suscitando en los territorios en los que se iban popularizando como medio de entretenimiento. Pero hubo un país en el que la campaña adquirió un especial significado, Canadá, que vivió su particular vía crucis con los cómics entre 1948 y 1956, es decir, justamente cuando la campaña anticómic adquirió su mayor intensidad en la vecinaEstados Unidos. De hecho, la proximidad geográfica y cultural con dicho país resultó un factor de extraordinaria importancia, ya que dio lugar a una relación de contagio, en el que las campañas anticómic de ambos países se retroalimentaron mutuamente.

Anuncio de "Seduction of the Innocent" (Fredrick Wertham, 1954) en Publishers' Weekly

Buena prueba de ello es el hecho de que el paladín de la campaña anticómic en los Estados Unidos, el psiquiatra de origen germano Fredric Wertham, decidiese poner al capítulo noveno de su influyente obra Seduction of the Innocent el título de “Asesinato en Dawson Creek”[3], haciendo referencia a un homicidio cometido por dos menores de edad en Columbia Británica y que había supuesto un punto de inflexión en la cruzada canadiense contra los cómics. El capítulo no sólo trataba de apuntalar el argumento principal de la obra de Wertham (a saber: la relación intrínseca entre la lectura de cómics y el incremento de la delincuencia juvenil), sino que, sobre todo, pretendía referir algunas de las campañas anticómic que habían surgido a lo largo y ancho del mundo, así como las medidas legislativas que los distintos gobiernos habían adoptado, mostrando, de este modo, la senda que debía seguir también Estados Unidos. Wertham deseaba destacar —tanto en el título como en el propio texto— cómo Canadá encabezaba ese ejemplo, al haber reformado su Código Penal a fin de castigar la publicación, distribución y venta de crime comics.

No debe extrañar, por tanto, que cuando en 1956 el Senado de los Estados Unidos constituyó (a iniciativa del senador de Tennessee, Estes Kefauver) un subcomité dedicado a estudiar el nexo entre la lectura de cómics y el presunto aumento de la delincuencia juvenil, llamase a comparecer al representante canadiense Edmund Davie Fulton, promotor de aquella reforma del Código Penal que Wertham tomaba como modelo en su popular libro. A petición de los senadores estadounidenses, Fulton ilustró en la sesión de 4 de junio de 1954 sobre las medidas adoptadas en su país y de las que él mismo había sido principal adalid[4]. En un momento en el que algunos Estados y municipios estadounidenses se habían mostrado proclives a implantar comités de censura contra los cómics, Fulton aportó su visión —compartida por la mayoría del Parlamento canadiense— de que resultaba preferible un control penal a posteriori, “creando un delito sobre la base de que la sociedad considera la publicación continuada de este material como un peligro para ella misma”[5].

En sentido inverso, la campaña estadounidense también ejerció un influjo decisivo sobre la operada en Canadá. De hecho, los primeros escritos de Wertham publicados en 1948 (“Horror in the Nursery”, en Collier’s, y “The Comics… Very Funny!, en The Saturday Review of Literature y en Reader’s Digest) resultaron fundamentales para que Fulton presentase su proposición de ley de reforma del Código Penal en la Cámara de Representantes de Canadá. Es más, entre la documentación personal de Fulton, depositada en los Archivos Nacionales de Canadá figuran copias de aquellos artículos de Wertham[6].

Portada de Collier's (27 de marzo de 1948), donde de se incluye el artículo de Judith Crist "Horror in the Nursery", resumiendo los planteamientos de Wertham.		Portada de Saturday Review of Literature (29 de mayo de 1948) donde se publicó "The Comics... Very Funny!", de Fredric Wertham.

Años más tarde, cuando el diputado canadiense solicitó el endurecimiento de la legislación anticómic que él mismo había promovido, citó en su apoyo abundantes párrafos de Seduction of the Innocent, libro que incluso había recensionado para The Ottawa Citizen. Y en su comparecencia ante el ya mencionado subcomité del Senado estadounidense, Fulton quiso dejar clara su deuda con Fredric Wertham, con quien reconoció haber mantenido una constante relación epistolar[7]. 

Portada de la recopiliación de comparecencias del Subcomité del Senado de los Estados Unidos y primera página de la intervención de Davie Fulton.

Pero el nexo entre Estados Unidos y Canadá no se redujo, ni mucho menos, a la persona de Davie Fulton. Las propias autoridades canadienses, tanto locales como federales, estuvieron en todo momento muy atentas a las medidas anticómic que se adoptaban en Estados Unidos, tanto a nivel social como sobre todo estatal y las siguieron como ejemplo para adoptar sus propias iniciativas contra los cómics.

Menos conocida que la campaña anticómic estadounidense, a la que tantos lazos une, merece la pena detenerse, por tanto, en la beligerante persecución de los cómics que también tuvo lugar en Canadá. Un país supuestamente más liberal que Estados Unidos pero que, a la postre, se mostró igual de intransigente contra el nuevo medio de entretenimiento del que trataban de disfrutar sus jóvenes en los años cuarenta y cincuenta.

2. La “golden age” de los cómics en Canadá y el inicio de la campaña social anticómic

	William Lyon Mackenzie King, Primer Ministro canadiense (1921-1930 y 1935-1948).

Como en otros países del espectro anglosajón, también Canadá disponía de leyes aduaneras que prohibían la importación de publicaciones “inmorales o indecentes”[8], pero las primeras medidas adoptadas en aquel territorio específicamente contra los cómics asumieron un perfil económico: a fin de evitar una pérdida de divisas, la War Exchange Conservation Act (6 de diciembre de 1940), promovida por el primer ministro Mackenzie King, prohibió la importación de publicaciones periódicas consideradas innecesarias[9], entre las que se incluían expresamente los cómics (aunque no los suplementos de tiras de prensa). Una situación justificada por el enorme incremento de gasto en aquellas revistas: la inversión de Canadá en cómics estadounidenses ascendió desde algo más de dos millones de dólares, en 1937, hasta los seis millones y medio, apenas tres años más tarde[10].

Las medidas legislativas ocasionaron una repentina interrupción del flujo de cómics estadounidenses, lo que permitió que floreciese una importante industria de cómic autóctona. A comienzos de los años cuarenta se habían constituido cuatro grandes compañías; tres de ellas radicadas en Toronto (Anglo-American Publishing, Hillborough Studio y Commercial Signs of Canada) y una cuarta en Vancouver (Maple Leaf Publishing). Anglo-American Publishing comenzó su andadura con la revista Robin Hood, que aprovechaba material previamente publicado en forma de tiras cómicas. Maple Leaf, sin embargo, dio un paso decisivo para la industria con la edición de Better Comics, dedicada a historietas originales[11]. Una revista que vería nacer, además, al primer superhéroe canadiense —The Iron Man, claramente inspirado en Superman—, al que seguiría poco después el menos pluscuamperfecto Freelance.

Robin Hood Comics (# 6, 1941).	"The Earth Torpedo", en Better Comics (# 1, 1941).	The Iron Man, primer superhéroe de la industria canadiense (Better Comics, # 1, 1941).

Portada de Comics (# 1, 1941), y uno de sus personajes, Whiz Wallace.

En 1940 nacería —a partir de Commercial Signs of Canada— la editorial de cómics más popular de Canadá, Bell Features, dirigida por Cyril Vaughan Bell y en la que vería la luz una de las más populares revistas de cómics: Wow (1941-1946). Allí se publicarían las aventuras del primer superhéroe (en realidad superheroína) genuinamente canadiense: Nelvana of the Northern Lights, creada por Adrian Dingle. Nacida originariamente en 1941 para Triumph-Adventure Comics, de la editorial Hillborough Studio, el personaje estaba basado en una diosa de la mitología esquimal. Nelvana precedería a Wonder Woman en el papel de gran superheroína protagonista de sus propias historietas, y también la superaría en la plétora de superpoderes de los que disfrutaba y que incluían el vuelo, la metamorfosis, la superfuerza y hasta la invisibilidad. Tan poderosa paladina —a la que, por otra parte, resultaba un tanto complejo buscar rivales que la pusieran en aprietos— inauguraría la tradición de los héroes propiamente canadienses, evidenciando una nota característica de sus cómics: el nacionalismo[12].

Nelvana of the Northern Lights, primera superheroína genuninamente canadiense (Triumph Comics #5, 1942; Super Duper Comics #3, 1947; Triumph Comics #4, 1941)	Nelvana of the Northern Lights (Bell Features, 1945) y su creador, Adrian Dingle.

Y así, tras Nelvana llegarían Johnny Canuck, considerado como un personaje icónico de la identidad cultural canadiense[13] y Canada Jack. Este último, aunque ligado con Nelvana por su concepción nacionalista, representaba sin embargo todo lo opuesto a ella. Creado por Educational Projects of Canada, como indicaba su nombre esta editorial pretendía conferir un aire educativo a sus publicaciones. Con tal fin, su principal publicación —Canadian Heroes— se había ceñido a narrar las biografías de políticos y aventureros, pero finalmente se sumó a la más popular tendencia de crear un superhéroe, aunque lo hizo imponiendo en sus aventuras las mayores dosis posibles de realismo, lo que se evidencia por la ausencia de poderes excepcionales en su principal protagonista[14].

Johnny Canuck, un paladín canadiense antinazi (Dime Comics #6, 1942)	Canada Jack, un héroe con tintes realistas (Canada Jack #1, 1945)

La temática principal de estos primeros cómics canadienses —el género de ciencia ficción, aventuras y superhéroes— seguía los bien conocidos patrones de la vecina industria estadounidense. Su diseño, sin embargo, era más pobre que el ofrecido por esta última. La carestía del proceso de edición obligó a que los cómics canadienses renunciasen al colorido, y por ello resultaron popularmente conocidos como “Canadian Whites”[15]. Pero esa monocromía era la principal diferencia con los cómics de Estados Unidos, ya que en lo que se refiere al contenido resultaban muy similares, y de hecho la representación de violencia y el erotismo se hallaban tan presentes como en los cómics de la otra parte de la frontera[16].

"Black and Whites". La ausencia de color trataba de compensarse con la calidad de los dibujos (Triumph Adventure Comics #2, 1941; Triumph Comics #5, 1942)

Al margen de la edición de cómics de cosecha propia, los editores canadienses empezaron a obtener cada vez con mayor asiduidad licencias para imprimir en Canadá cómics estadounidenses[17], merced a la liberalización de importaciones que se produjo a partir de 1947, una vez finalizada la guerra y mejorada la balanza comercial[18]. Anglo-American Publishing había adquirido derechos de personajes de Fawcett Publications (Captain Marvel, Captain Marvel Jr., Bulletman y Spy Smasher), en tanto que Maple Leaf Publishing se hizo con los derechos de MLJ Magazines, publicando en Super Comics aventuras de Archie, Captain Commando o The Shield, en algunos casos redibujadas para adaptarlas al nacionalismo imperante, como en el caso de este último personaje, cuyo uniforme de barras y estrellas mutaría en la Union Jack. Aunque la adquisición de estos derechos permitiría una provisional supervivencia a las editoriales canadienses, acabaría por marcar el declive de su propia industria nacional de cómic, convirtiéndola en una sucursal de lo que se editaba en Estados Unidos.

Nacionalización en los cómics importados (Pep Comics #22, 1941; Super Comics #1, 1941)

Algunas editoriales, como Maple Leaf, intentaron sobrevivir exportando su material a Reino Unido, donde había llegado también a través de las tropas canadienses durante la II Guerra Mundial. Otras, como Anglo-American, trataron incluso de penetrar en el mercado estadounidense, aunque con escaso éxito. Más osada fue Bell Features, que, aparte de intentar ingresar en ambos mercados foráneos, en una huida hacia delante editó dos cómics a todo color (Dizzy Don Comics y Slam-Bang, ambos en 1946); iniciativas que no evitaron su inexorable declive. Más éxito tuvo la política editorial adoptada por Superior Publishers, que dominó el panorama del cómic canadiense entre 1947 y 1956, merced a su inmersión, algo más exitosa, en los mercados británico y estadounidense[19].

Los dos únicos ejemplares publicados de Dizzy Don (1946), impresos a todo color, como indican sus portadas y se comprueba en la página interior.

Pero todos estos intentos resultaron a la postre infructuosos, y en 1946 la “golden age” de los cómics canadienses había llegado a su fin; de hecho, un año más tarde solo Superior Publishing editaba material original. La otrora importante industria creativa de Canadá había quedado reducida a empresas dedicadas a reimprimir planchas importadas de Estados Unidos, y sus cómics solo nominalmente podían adjetivarse de canadienses[20]. Es más, con el fin del embargo, las editoriales estadounidenses incluso volvieron a exportar directamente sus productos al país vecino. Y esos cómics importados o reimpresos en Canadá ya no pertenecían como antaño al género de superhéroes, sino que narraban historias de terror, crimen, jungla o romance; unas temáticas que ya en su país de origen habían resultado polémicas. Ello explica que el problema con los cómics fuese más agudo en el Canadá angloparlante —principal receptor de los cómics estadounidenses— que en el francófono[21].

La reimpresión de planchas de tiras cómicas y cómics de importación supusieron el declive de la industria canadiense de las historietas (Black Cat, #15, 1948; Joe Palooka, #23, 1948)

La ósmosis entre Estados Unidos y Canadá no se redujo al tránsito de revistas en una y otra dirección, sino que también se materializó en la campaña anticómic, puesto que en Canadá los cómics fueron objeto de un constante acoso desde inicios de los años cuarenta. Y del mismo modo que sucedería en Estados Unidos, también en Canadá padres, profesores, bibliotecarios, comerciantes y eclesiásticos figuraron como principales adalides de la campaña anticómic. Los argumentos para oponerse a esas revistas tampoco diferían de los que habían caracterizado a la cruzada estadounidense. Así, se fue forjando una crítica en primer lugar elitista, que acusaba a los cómics de degradar el horizonte intelectual de los jóvenes, en palabras de B. Millar, vicepresidente de la Canadian Teacher’s Association[22]. La Federated Women’s Institutes of Ontario llegaría a afirmar que los cómics anulaban las enseñanzas impartidas en los colegios[23], argumentos repetidos por muchos docentes, que los acusaban de actuar como “saboteadores de la educación”[24]. El pobre lenguaje que figuraba en las viñetas era para estos críticos el principal reproche que merecían los cómics[25], por lo que insistían en la necesidad de proporcionar a los niños mejores lecturas[26], perspectiva compartida por algunos bibliotecarios, renuentes a que se adoptasen medidas censoras[27].

Intervención de los educadores en la campaña anticómic (Winnipeg Free Press, 12 de enero de 1949)	El uso de onomatopeyas o de palabras sin sentido fue uno de los elementos que sirvió para acusar a los cómics de impedir la educación de los niños (Lucky Comics v2 #5, 1943).

Pero la campaña anticómic no se agotaba con una crítica de sesgo elitista, sino que esta se acompañaba casi siempre con una oposición cimentada en argumentos morales. El estamento clerical fue el principal baluarte de esta postura, acusando a los cómics de glorificar el divorcio, fomentar la sexualidad y minar la autoridad, tanto paterna como de las autoridades[28].

No obstante, la acusación más recurrente hacia los cómics fue, como en Estados Unidos, la de que contribuían decisivamente a un supuesto incremento de la delincuencia juvenil[29], fruto de un pánico moral que, como también sucediera en el país vecino, tuvo a los cómics como chivo expiatorio[30]. La conexión entre cómics y criminalidad —a menudo insinuada por la prensa[31]— se convirtió en algo tan común, que incluso el Winnipeg Ballet presentó en Toronto una obra titulada Heroes of Our Time que versaba sobre cuatro adolescentes que, influidos por la lectura de comics, comenzaban una carrera como criminales[32]. En una encuesta elaborada en 1949, un alto porcentaje de canadienses manifestaba su convicción de que una disminución de los cómics redundaría en una paralela remisión de la delincuencia juvenil[33]. Obviamente, y también al igual que sucedería en Estados Unidos, estas acusaciones se toparon con la oposición de algunos defensores de los cómics, que sostenían que la violencia se hallaba también presente en los cuentos tradicionales[34], y que la delincuencia era el resultado del complejo contexto social, y no de la lectura de aquellas revistas[35].

Delincuencia y cómics, un cóctel explosivo. Edición canadiense de Crime Does Not Pay (#62, 1948)	Los personajes de la obra de ballet "Heroes of Our Time": Blackie, Steve, Jim y Binkie.

A partir de 1948 las solicitudes para que las autoridades tomasen cartas en el asunto se incrementaron. Así lo requirieron diversas parent-teacher associations[36], la National Federation of Home and School Associations[37] o la Canadian Federation of Home and School, que mostró al ministro de Justicia, Stuart Garson, ejemplos de crime comics, solicitando que prohibiese en Canadá ese tipo de publicaciones[38]. Una petición elevada también desde el estamento eclesiástico[39], algunos comerciantes (como la Canadian Pharmaceutical Association)[40], la prensa[41] y la influyente Imperial Order Daughters of the Empire[42], una organización caritativa que había resultado crucial en la vindicación del sufragio femenino[43]. La presión social había llegado a un punto sin retorno en el que las autoridades se veían cada vez más impelidas a intervenir.

Los cómics como "saboteadores de la educación" (Medicine Hat News, 4 de junio de 1953).

3. La reforma del Código Penal canadiense. La proposición de ley Fulton

El empujón final para que el Estado adoptase medidas contra los cómics surgió a raíz de un suceso que, además, sería ampliamente comentado por la prensa estadounidense. A finales de 1948, dos niños de once y trece años, supuestamente imitando una historia de cómic[44], dispararon en Dawson Creek a un granjero que circulaba en coche causándole la muerte[45]. El hecho de que los niños en cuestión confesasen leer entre treinta y cincuenta cómics semanales[46] fue un catalizador que daría lugar a la primera normativa canadiense anticómic.

El asesinato de Dawson Creek, también mencionado por Fredric Wertham, tuvo gran repercusión mediática a través de la prensa (Winnipeg Free Press, 23 de noviembre de 1948).	Edmund Davie Fulton.	Seaforth Highlanders of Canada, unidad militar en la que Fulton combatió durante la Segunda Guerra Mundial. Posiblemente la experiencia en la contienda explique en parte su rechazo hacia la violencia de los cómics.

Esta fue impulsada por el congresista del Progressive Conservative Party of Canada Edmund Davie Fulton[47]. Licenciado en Derecho por la Universidad de Oxford, ejerció como abogado desde 1936 en la firma de su padre, Fred Fulton, creada en 1889. Durante la Segunda Guerra Mundial se alistó en los Seaforth Highlanders of Canada, y finalizada la contienda regresó a su patria para embarcarse en la carrera política. En 1945 obtuvo un escaño como representante en la Cámara de los Comunes por Kamloops, Columbia Británica, aunque con un escaso margen de apenas un centenar de votos[48].

Varios ejemplares de Crime Does Not Pay publicados en Canadá por Superior Publishing (#61, 1948; #69, 1948; #74, 1949; #76, 1949).

Admirador confeso de las ideas de Wertham sobre los cómics estadounidenses[49], en junio de 1948 Fulton planteó por vez primera en la Cámara de los Comunes la cuestión de los crime comics, con ocasión del debate del Bill número 327, una reforma penal de la Canada Evidence Act[50]. Fulton mencionó expresamente la publicación Crime Does Not Pay, de Lev Gleason,llamando la atención de que contribuía al incremento de la delincuencia juvenil en Canadá, aspecto sobre el que otro diputado, John George Diefenbaker, se había pronunciado previamente[51]. Para Fulton, era preciso articular una nueva normativa que frenase la publicación de cómics, ya que las previsiones penales no suponían cobertura suficiente. La única vía entonces existente la representaba la Sección 33, Capítulo 46 de la Juvenile Delinquents Act de 1929, que castigaba la inducción a la delincuencia juvenil[52], pero parecía complicado que por esta vía pudiera impedirse la circulación de cómics. Fulton no tenía todavía claro cuál era el remedio más adecuado, y simplemente dejaba caer la posibilidad de aplicar medidas censoras (que más tarde él mismo descartaría), incluso a través de los oficiales de correos, o prohibir sin más la distribución de los cómics.

John George Diefenbaker (1895-1979), representante de la House of Commons, y uno de los primeros políticos en vincular la lectura de cómics con la delincuencia juvenil.	James Lorimer Ilsley (1894-1967), Ministro de Justicia (1946-1948).

Nada de ello pareció convencer al ministro de Justicia, James Lorimer Ilsley, reticente en un primer momento a aceptar esos cargos, a pesar de que el primer ministro, William Lyon Mackenzie King, sí era favorable a legislar contra los cómics[53]. Ilsley se oponía a ello alegando la ausencia de evidencias que conectaran los cómics con la delincuencia juvenil. No le faltaba razón, ya que el propio Fulton había solicitado datos estadísticos sobre la delincuencia juvenil que avalasen su postura, solo para percatarse de que aquellos arrojaban una realidad bien distinta: desde 1945 la criminalidad perpetrada por menores de edad había disminuyendo progresivamente, a razón de unas trescientas personas anualmente[54].

Lejos de persuadir a Fulton —un hombre caracterizado por sus férreas convicciones[55]—, éste decidió continuar su ofensiva contra los crime comics y volvió a sacar el tema a colación en el debate sobre el presupuesto de la oficina postal, alegando que los agentes de correos debían fiscalizar los envíos de cómics; posibilidad rechazada por el postmaster general (el director general del servicio de correos canadiense) al considerar que ni se disponía de empleados para ejercer esa censura ni consideraba conveniente enjuiciar el contenido de las publicaciones habida cuenta de los diferentes estándares morales de cada ciudadano[56]. No satisfecho, apenas cinco días después Fulton reiteró su llamamiento, esta vez en el debate sobre la Combines Investigation Act, lo que acabó generando un agrio reproche por parte del ministro Ilsley, quien le preguntó retóricamente si iba a sacar el tema de los cómics en cada una de las discusiones parlamentarias[57]. De poco sirvió la reprimenda, porque en esa misma sesión, el diputado de Columbia Británica volvió a la carga. Destacando que en los últimos meses se habían cometido delitos de extrema gravedad por parte de menores, el tenaz representante afirmó, apodíctico, que la lectura de cómics era una “causa activa” en ellos[58].

La táctica de Fulton para resultar convincente no difería de la que empleaban otros paladines de la cruzada anticómic, y muy en particular Fredric Wertham: relataba algún truculento caso de un crimen perpetrado por un menor de edad (sin evidencias de su conexión con los cómics), describía el reprobable contenido de algún crime comic (de hecho, exhibió un ejemplar de Green Hornet Fights Crime) y acudía al argumento de autoridad, extraído de expertos jurídicos en delincuencia juvenil que afirmaban los nocivos efectos de los cómics en la psique de los menores de edad[59]. No debe extrañar esta coincidencia con Wertham: al día siguiente de aquella intervención parlamentaria, el propio Fulton lo citaba expresamente, recomendando la lectura de su artículo “The Comics… Very Funny!” (Saturday Review of Literature, 29 de mayo de 1948)[60]. A estas alturas, el ministro de Justicia ya había perdido la paciencia, y zanjó la cuestión recordando que se hallaba fuera del orden del día[61], aunque la persistencia de Fulton había logrado su objetivo, ya que Ilsley —aunque reconociendo la dificultad de considerar los crime comics ilegales[62]— aceptó al menos ocuparse posteriormente del asunto con detenimiento.

Green Hornet Fights Crime (#38, 1948). Uno de los cómics utilizados por Fulton como ejemplo de crime comic.	Fredric Wertham, "The Comics... Very Funny" (Saturday Review of Literature, 29 de mayo de 1948).

Unos días más tarde, y a requerimiento de Fulton, el ministro expuso el resultado provisional de sus pesquisas: tras haber consultado con varios expertos en higiene mental y con jueces, parecía que nada inducía a pensar que existiese una relación directa entre cómics y delincuencia juvenil. Por otra parte, también se le había advertido de las dificultades de elaborar una ley que prohibiese aquel tipo de publicaciones. La vía sería, en su caso, la reforma de la sección 207 del Código Penal, criminalizando la impresión, publicación o distribución de publicaciones que contuviesen imágenes descriptivas de delitos. A pesar de estos argumentos, y de sus propias reticencias iniciales, Ilsley acompañó su intervención de un proyecto de ley (conocido como Bill número 9) para enmendar en ese punto el Código Penal. Quizás el ministro de Justicia se había percatado de que la oposición a los cómics distaba de ser un empecinamiento personal de Fulton, y se hallaba en realidad respaldada por una amplia campaña social. En todo caso, las dudas originarias de Ilsley se reflejaban en la advertencia que realizó de que su propuesta afrontaba varios problemas derivados de su inevitable vaguedad: ¿cómo saber cuándo el contenido era realmente promotor de la delincuencia? Y, además, ¿cuánto contenido debía ser reprensible para poder prohibirse el cómic? Si se exigía sólo una fracción, muchísimas publicaciones quedarían afectadas por apenas incluir una imagen; si se exigía la totalidad o la mayoría, la norma resultaría ineficaz porque el editor podría evadirla simplemente rodeando una historia violenta de otras que no presentasen ese cariz[63].

Así las cosas, Ilsley se negó a que el borrador de ley se tramitase en sede parlamentaria y solicitó más tiempo para examinar la cuestión, pidiendo que se aplazase hasta el siguiente período de sesiones, pese a las infructuosas quejas de Fulton, que urgía a legislar de inmediato. Al final, el aguerrido diputado tendría que esperar.

En febrero de 1949 —ya en marcha el siguiente período de sesiones—, Fulton anunció su intención de presentar él mismo, y sin esperar al Gobierno, una ley que modificase el Código Penal para prohibir los cómics[64]. Para aquel entonces, Ilsley —quien había perdido parte de su reticencia hacia la propuesta de Fulton, sobre todo tras recibir de éste un ejemplar de Crime Does Not Pay[65]— ya no representaba ningún escollo, puesto que había abandonado la política para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo de Nueva Escocia[66]. El proyecto legislativo de Fulton se presentó finalmente a finales de septiembre de 1949[67] y, como él mismo reconocería, venía a coincidir milimétricamente con el que había leído en la asamblea Ilsley durante la anterior legislatura. Así pues, aunque Fulton pasaría a la historia como el promotor de la reforma del Código Penal para perseguir a los crime comics[68], la redacción concreta del texto no fue en realidad obra suya, como tampoco lo fue —así lo veremos— el tenor literal que finalmente adoptó. (imagen031)

Proposición de ley de Davie Fulton.	Imágenes de violencia fomentaban, al parecer de Fulton, la delincuencia juvenil. Historia de Mr. Monster (Super Duper Comics #3, 1947).

En concreto, el texto de Fulton pretendía modificar la sección 207 del Criminal Code canadiense (Revised Statutes of Canada, 1927), que castigaba con hasta dos años de prisión a quienes, con conocimiento de causa y sin legítima excusa, produjesen, transmitiesen o exhibiesen material obsceno[69]. La propuesta de Fulton consistía en añadir un cuarto párrafo, por el cual se consideraba reo de ese mismo delito a quien “imprima, publique, venda o distribuya cualquier revista periódica o libro que exclusiva o sustancialmente incluya materia que muestre con dibujos la comisión de delitos, reales o imaginarios, de forma que promueva o probablemente induzca o influya a personas jóvenes a violar la ley o que corrompa la moral de esas personas”[70]. A decir de Fulton, de este texto no cabría esperar conflicto jurídico alguno, puesto que no introducía un régimen de censura, que él aseguraba repudiar[71]. Su iniciativa se limitaba a ampliar el tipo penal de los “delitos contra la moralidad”, equiparando los crime comics con las publicaciones obscenas.

A diferencia de Ilsley, su sustituto al frente del Ministerio de Justicia, Stuart Garson, mostró desde el primer momento mayor empatía con el “Fulton Bill”[72]. No obstante, coincidió con su predecesor en la necesidad de adoptar ciertas cautelas en el diseño legislativo, y por ese motivo solicitó a los fiscales provinciales sugerencias sobre el texto[73]. En cumplimiento de este requerimiento, la provincia de Manitoba llegó a contactar con las autoridades de Washington y Nueva York, a fin de consultar cómo se abordaba el mismo problema en Estados Unidos[74].

Stuart Garson (1898-1977), ministro de Justicia en 1948, durante la tramitación de la Ley Fulton.	El representante Ernest George Hansell había ilustrado la tira cómica "Nip and Tuck" para el Calgary News Telegram.

El debate en la Cámara de los Comunes se prolongó por varias sesiones durante los meses de octubre y diciembre de 1949. En ellas quedó claro que Fulton contaba con un amplio apoyo de los representantes, y los debates discurrieron en un clima de cordialidad y consenso casi totales[75]. Todos los diputados parecían estar de acuerdo sobre el abismo que separaba las tiras cómicas y los crime comics[76]. Las primeras eran consideradas inocuas, y de hecho algún diputado confesaba disfrutar de su lectura[77]; es más, el diputado Ernest George Hansell había sido él mismo dibujante de tiras cómicas para periódicos como el Calgary News-Telegram, creando a los protagonistas de la serie Nip and Tuck (muy similares a los de Mutt and Jeff, de Bud Fisher), aunque confesaba con ironía que, quizá por la ausencia de violencia y erotismo en sus viñetas, sus creaciones no habían resultado muy exitosas[78].

Los crime comics eran, sin embargo, menospreciados por sus “dibujos repulsivos”[79] que mostraban con lujo de detalles actos criminales[80], a la par que convertían a los delincuentes en personajes glamurosos, y a los agentes de la ley en sujetos incompetentes[81]. En este sentido, estas nuevas revistas seguían —según entendían algunos diputados— las pautas de la prensa sensacionalista, que había sido la primera en potenciar los aspectos mórbidos de las noticias criminales[82]. Los representantes apoyaron de forma unánime la idea —tan extendida merced a la campaña social— de que los crímenes relatados en las viñetas eran objeto de imitación por los niños[83] y jóvenes de mentes simples y con más tendencia a delinquir[84]. De resultas, no podían sino deducir que existía una conexión entre cómics y delincuencia juvenil[85], relatando incluso presuntos ejemplos concretos que lo atestiguaban[86] y en los que además se percibían indicios de negligencia paterna[87].

La policía retratada como ineficaz (The Black Hood #1, 1944).	Los cómics como escuelas de delincuentes (Dynamic Comics #24, 1948).

Tildados los cómics como “basura”[88], también los representantes canadienses hicieron uso de la metáfora tan extendida en Estados Unidos de identificar aquellas publicaciones con un veneno que se inoculaba a la mente de los niños[89] y que, por tanto, exigía de medidas legislativas para su prohibición, del mismo modo que se adoptaban medidas sanitarias frente a los alimentos nocivos para la salud. Los cómics, además, disfrutaban de un bajo precio[90] y de una extraordinaria difusión[91] —propiciada por las tie-in sales[92]— que los convertían en fácilmente accesibles para los menores de edad, que quedaban, así, atrapados en sus redes.

Violencia y descripción de conductas criminales en los cómics canadienses (Rocket Comics #5, 1943).	House of Commons of Canada, hacia 1917.

En el hemiciclo se explicitó un consenso en considerar que, por más responsabilidad que tuvieran los padres a la hora de controlar las lecturas de sus hijos, en realidad se hallaban imposibilitados para enfrentarse por sí solos a un problema de esa magnitud[93], de modo que el legislador debía tomar cartas en el asunto, actuando él mismo como un buen padre de familia. Una situación especialmente considerada por los diputados de Quebec[94], provincia en la que el intervencionismo paternalista resultaba especialmente acusado[95].

La idea de autorregulación —en concreto, el ejemplo del comic code estadounidense de 1948— recibió escasa acogida, no tanto por el código en sí como por su falta de aplicación eficaz, según las noticias que llegaban de Estados Unidos y los ejemplos mismos de los cómics que desde aquel país cruzaban las fronteras canadienses[96]. Tampoco agradaban las medidas censoras —a las que Fulton se había opuesto expresamente[97]—, incluyendo la de formar un comité que revisase las publicaciones y pudiese prohibirlas por su contenido[98]. Frente a esta postura, los diputados se mostraron a favor del control represivo, como el que proponía la iniciativa legislativa de Fulton[99]. Tanto acuerdo concitó la propuesta que incluso el diputado William Joseph Browne trató de llegar más lejos, solicitando que el proceso al que se sometieran los acusados bajo el nuevo precepto penal se articulase como juicio sumario, a fin de que se les pudiese encausar con las menores trabas procesales y con la mayor dilación posible[100]. Aunque la idea no llegó a buen puerto, nadie cuestionó una propuesta que menguaba las garantías procesales de los acusados por estos delitos; tan extendida se hallaba la oposición a los cómics.

La ciencia ficción canadiense. Brok Windsor, obra del dibujante de origen británico Jon Stables.

Las medidas legislativas propuestas no impedían, sin embargo, que los diputados apelasen también a la necesidad de que la sociedad interactuase y articulase mecanismos que coadyuvaran a erradicar los cómics. No solo a través del apoyo que la opinión pública podía dispensar a la futura ley —y que contribuiría a su aplicación más rigurosa[101]—, sino también utilizando medidas de fomento, como la edición de libros a precios asequibles y la promoción de lecturas a través de las bibliotecas[102], (imagen040) ya que, en palabras del diputado Noseworthy, la legislación no podía sustituir a la educación[103]. De hecho, el éxito de los cómics entre los niños fue considerado por algún diputado como una prueba evidente del fracaso del sistema educativo canadiense que resultaba preciso rectificar[104].

La actividad normativa debía complementarse con la acción social educativa, promoviendo la lectura de libros infantiles en las bibliotecas. Charles R. Sanderson, director de biblioteca, en la apertura de una biblioteca infanitl en East York (Toronto) en 1944.

4. La reforma del Código Penal canadiense. El proyecto de ley Garson

El debate en la Cámara de los Comunes concluyó el 5 de diciembre, día en el que el ministro de Justicia comunicó a la Asamblea que ya había recibido los informes requeridos a los fiscales provinciales y que, por tanto, se hallaba en condiciones de afrontar la discusión parlamentaria. Los informes —difiriendo respecto de los que en su día había obtenido Fulton— confirmaban las estimaciones de cuanto se había debatido en las semanas previas de que existía una conexión entre delincuencia juvenil y lectura de cómics que hacía necesaria una intervención legislativa. Apenas el informe de Ontario —compartido por un juez de York[105]— ponía en tela de juicio la referida relación causal, en tanto que los de Columbia Británica y Manitoba, sin negarla, consideraban sin embargo difícil establecerla en términos probatorios para casos particulares[106].

La violencia se hallaba presente en los cómics, especialmente de procedencia estadounidense. De izquierda a derecha, y de arriba a abajo: Black Cat #21, 1950; Dynamic Comics #21, 1947; Grand Slam #52, 1946; Journey into Fear #3, 1951; Journey into Fear #6, 1952; Journey into Fear #11, 1953; Mysteries Weird and Strange #5, 1954; Saäri #1, 1951; Strange Mysteries #15, 1953; Superior Mysteries Weird and Strange #1, 1953

Con el aval de estos informes, Garson manifestó su apoyo a la iniciativa legislativa, coincidiendo con Fulton en que la persecución de los crime comics no podía lograrse con el vigente Código Penal, por lo que urgía su enmienda para perseguir unas revistas que, a su parecer, resultaban todavía más perjudiciales que la literatura obscena[107]. Así como esta última podía reprimirse legítimamente, otro tanto debía hacerse con los cómics que relatasen delitos, puesto que la libertad de prensa no podía identificarse con licencia[108].

Las imágenes de muchos cómics eran consideradas como obscenas, por retratar a las mujeres en posiciones insinuantes y con escasa ropa. De izquierda a derecha, y de arriba a abajo: Brenda Starr #6, 1949; Bruce Gentry #2, 1948; G.I. War Brides #1, 1954; Journey into Fear #3, 1951; Journey into Fear #13, 1953; My Secret Marriage #8, 1954; Our Secret #4, 1949; My Secret Marriage #10, 1954; Mysteries Weird and Strange #10, 1954 (tres viñetas).

Para apuntalar la propuesta de ley, Stuart Garson propuso una redacción alternativa al texto de Fulton[109]. A decir verdad, el proyecto propuesto por el ministro de Justicia se hallaba mejor redactado que el original  de Fulton. Lejos de limitarse a añadir un nuevo párrafo, reestructuraba el artículo 207 del Código Penal, introduciendo algunas sustanciales enmiendas que afectaban tanto al hecho delictivo como al objeto del delito. En lo que se refiere al primer aspecto, la propuesta original de Fulton castigaba a quien imprimiese, publicase, vendiese o distribuyese, en tanto que con la reforma de Garson también se incluía a quien lo “hiciese” (makes) y a quien lo tuviese en su posesión con cualquiera de los propósitos referidos en la ley. Obviamente, el alcance resultaba mayor.

Un segundo cambio residía en el bien cuya transacción generaba la conducta delictiva. Fulton se había referido a él a través de un circunloquio[110], que el texto de Garson reducía a “crime comic”, utilizando directamente este concepto y definiéndolo más adelante en términos parecidos a los que había empleado Fulton. Parecidos, pero no semejantes. Porque faltaba en el proyecto alternativo de Garson la referencia a que esas publicaciones promoviese “o probablemente induzca o influya a personas jóvenes a violar la ley o que corrompa la moral de esas personas”. Surtían efecto, pues, las reticencias de los fiscales de Columbia Británica y Manitoba: una redacción del tenor que había previsto inicialmente Fulton sería una traba para el procesamiento, ya que resultaría casi imposible justificar que unas concretas lecturas hubiesen resultado determinantes en la comisión de un delito específico. Un tercer aspecto que enmendaba Garson, también teniendo presentes las indicaciones de sus informantes, era el de consignar expresamente que la ignorancia del contenido por parte del reo no le excluía de responsabilidad, con lo cual se objetivaba esta última.

La propuesta de Garson era, pues, a todos los efectos, bastante más severa que la prevista inicialmente por Fulton y de hecho novaba esta última, convirtiéndola en iniciativa gubernamental. La pena que imponía la sección 207 seguía siendo la misma, de dos años, pero el rigor resultaba más acusado, sobre todo porque el proyecto estaba diseñado de manera que resultase sumamente sencillo procesar al acusado, eliminando cualquier traba probatoria. Una circunstancia que a Fulton le pareció perfectamente aceptable, por más que no hubiera estado prevista en su propuesta inicial[111].

Igual apoyo recibió del resto de parlamentarios, que no solo aplaudieron la mayor severidad introducida por Stuart Garson en el proyecto —en particular la responsabilidad objetiva[112]—, sino que incluso solicitaron su agravamiento en la definición de crime comic: para ser considerado por tal no debía exigirse que contuviese total o principalmente imágenes delictivas, sino que la presencia de imágenes aisladas debía resultar suficiente[113]. Llegando a niveles a los que ni Fulton ni Garson se atrevieron, incluso algún diputado afirmó que los cómics no solo resultaban perniciosos para los niños, sino también para el público adulto[114]. En todo caso, el destinatario era indiferente, por cuanto el nuevo Código Penal prohibiría que circulasen ese tipo de lecturas.

Los cómics sobre temas policíacos despertaban especial inquina, por considerar que incentivaban el emúlo delictual. Dynamic Comics #24, 1948

Aunque no se mencionase en los debates, tampoco es posible desconocer cierta predisposición nacionalista entre los representantes. De hecho, frente a aquellas interpretaciones que han concebido la enmienda del Código Penal como una manifestación específica de la legislación antiobscenidad, o quienes la han enmarcado en el pánico al incremento de la delincuencia juvenil (común con Estados Unidos), una tercera perspectiva la sitúa dentro del debate nacionalista de reconstrucción nacional imperante en Canadá tras la Segunda Guerra Mundial, y en el que tendía a contraponerse una visión elitista de la cultura canadiense frente a la imagen chabacana de las publicaciones procedentes de Estados Unidos[115]. De hecho, el proyecto de Fulton coincidiría con la formación de la denominada Massey Commission (Royal Commission on National Development in the Arts, Letters and Sciences), entre cuyas recomendaciones para mejorar los estándares culturales canadienses se hallaba la de minorar la influencia estadounidense[116].

De estas connotaciones nacionalistas dan buena prueba algunas notas que se desprenden de los debates parlamentarios sobre las propuestas legislativas de Fulton y Garson. En la Cámara hubo quien identificó los crime comics con material exclusivamente procedente de Estados Unidos[117] (a pesar de que la mayoría se imprimía en Toronto)[118]. No en balde el único crime comic citado por Fulton en sus intervenciones fue Crime Does Not Pay[119], una revista —se decía— cuya vocación incitadora a la delincuencia resultaba evidente en el título, en el que la palabra “crimen” resaltaba en tamaño respecto de las restantes[120]. Otro diputado de Columbia Británica, Tom Goode, sacó a colación más ejemplos de cómics estadounidenses, como Crime and Punishment, Crimes by Women (citado incorrectamente como Crime of Women), Women Outlaws y True Mystery, al que consideraba el más indecente de todos[121]. Como ejemplos beneficiosos se mencionaron solamente  los educativos Calling All Boys y Calling All Girls[122].

Edición canadiense de Crime and Punishment #1, 1948; Crimes by Women #4, 1949, y Women Outlaws #5, 1949

En esta misma línea, los cómics fueron calificados como una institución estadounidense[123] que había contagiado a algunos editores canadienses[124]. Sin embargo, estos últimos solían ser tratados con mayor condescendencia. En ocasiones se decía que, aunque en Canadá se imprimían esos cómics, en realidad las planchas procedían de Estados Unidos[125]. Muchas veces, añadía el ministro de Justicia a modo de exculpación, incluso las imprimían por rutina, sin percatarse de su pernicioso contenido[126]. Por ello, el control aduanero parecía un mecanismo que podía también contribuir a frenar la entrada de ese material procedente de Estados Unidos[127]. Pero el componente nacionalista resultó todavía más patente en aquellas referencias a la necesidad de arrinconar a las publicaciones procedentes de Estados Unidos promoviendo las publicaciones canadienses[128], que, por cierto, quedaban exentas del tributo de ocho por ciento con el que se gravaban las restantes obras escritas, de acuerdo con la Exercise Tax Act[129].

Si bien el texto de Fulton —en la versión ofrecida por el ministro de Justicia— había transitado cómodamente por la Cámara de los Comunes, hallaría alguna reticencia en el Senado. Los debates en la Cámara Alta —sustanciados en tres sesiones en el mes de diciembre de 1949— resultaron, de hecho, bastante más interesantes en varios extremos. Quizás algunos senadores se hallaban más dispuestos a introducir enmiendas al considerar que lo que se les presentaba a debate no era ya la proposición de ley Fulton, sino que, al haber sido reformulada por el ministro de Justicia, se trataba de un proyecto gubernamental[130]. Un proyecto, por otra parte, del que afirmaban que había obtenido una publicidad en Canadá no equiparable a ningún otro[131].

El principal objeto de controversia en el Senado surgió a la hora de determinar si los distribuidores y vendedores debían tener conocimiento del contenido del cómic para poder exigírseles responsabilidad. Como se ha visto, el proyecto presentado por el ministro de Justicia había eliminado la necesidad de consciencia sobre el contenido del cómic, a fin de facilitar la persecución penal[132]. Nadie en la Cámara de los Comunes se inmutó por este cambio, pero sí suscitó polémica en el Senado. A pesar de que había acuerdo sobre la necesidad de la ley, eso no era óbice para que solo debiera exigirse responsabilidad bajo un juicio justo; y no sería tal si el tipo penal podía exigirse sin que el acusado tuviese ni tan siquiera consciencia del contenido del cómic. La dificultad en la persecución de los presuntos infractores, decía con acierto uno de los senadores, no era excusa para exigir que se respetasen todas las formalidades que requería un proceso penal, ya que de lo contrario se cometerían las mismas arbitrariedades que tristemente habían hecho tan popular a la Star Chamberbritánica durante el reinado de los Tudor[133].

Violencia y "femme fatal", una combinación especialmente mal vista. Three Aces (v5, #53, 1946)

A tales efectos, una enmienda presentada por el senador Arthur W. Roebuck pretendió diferenciar entre aquellos que editaban un cómic, por un lado, y quienes lo distribuían y vendían, por otro[134]. Para los primeros no había lugar a exigir conocimiento sobre el contenido del cómic: resultaba evidente que el editor tenía tiempo para revisar cuanto publicaba y, por tanto, no podía alegar ignorar su contenido[135]. La situación aparecía, sin embargo, distinta para distribuidores y vendedores, no solo porque les resultaba materialmente imposible tener conocimiento de todos los productos con los que comerciaban, sino también porque tal actuación los convertiría en censores, rol para el que no estaban habilitados[136]. Así pues, para que un vendedor o distribuidor pudiese ser responsable al amparo de la futura ley, la enmienda propuesta por Roebuck exigía que tuviesen previo conocimiento de que estaban transfiriendo un crime comic.

La enmienda resultaba, desde luego, más atinada que el proyecto, porque no se basaba en una responsabilidad objetiva. El juez no tendría que atender sólo al objeto (el cómic) para, a partir de él, exigir responsabilidad a toda la cadena que había intervenido en el proceso editorial (autor, editor, distribuidor y, finalmente, vendedor). Antes bien, debía atender a la intencionalidad, del mismo modo que no podía exigirse responsabilidad a quien vendía una caja sin saber que dentro había un explosivo.

Pero la propuesta de Roebuck no contó con suficiente respaldo porque fue acusada de localista[137]. En efecto, el senador lo era por Ontario, en cuya capital, Toronto, radicaban las principales empresas canadienses del sector del cómic. Si los canales de distribución y venta resultaban truncados —por exigírseles responsabilidad penal—, esa industria local se vería inmediatamente afectada[138].

Muchas de las portadas de cómics procedentes de Estados Unidos eran consideradas insinuantes para los menores de edad. Aggie Mack #8, 1949; Brenda Starr #3, 1948

Todo ello demuestra que el argumento nacionalista resultó en el Senado todavía más visible que en la Cámara de los Comunes. De hecho, algunos editores canadienses habían pedido audiencia al Senado para exponer su postura[139], obviamente renuente a cualquier fórmula de control que pudiese perjudicar sus expectativas económicas. Roebuck no ocultó su interés en proteger a la industria canadiense del cómic. Frente a quienes consideraban que las revistas que circulaban por Canadá eran importadas desde Estados Unidos, el senador por Ontario alegó que, por el contrario, aunque el origen intelectual se hallase en el país vecino, en realidad los cómics los imprimían editoriales de Canadá. Y esos editores e impresores debían también ser objeto de protección, ya que se trataba de ciudadanos canadienses[140].

Los cómics también se criticaban por factores estéticos, como el deficiente dibujo, fruto, en ocasiones, de la inexperiencia de los dibujantes. Ojos sin perfilar (Aggie Mack #8, 1949), brazos rígidos (Black Diamond Western #12, 1951) o desproporción (My Secret Marriage #8, 1954) son algunos de estos ejemplos.

A pesar del mayor debate en el Senado, el texto también logró aprobarse sin problemas en la Cámara Alta con apenas la oposición de cuatro senadores[141], no muy distante de la unanimidad que había obtenido en la Cámara de los Comunes[142]. El texto se convertiría, así, en ley el 10 de diciembre de 1949, introduciendo una reforma en la Parte V del Código Penal federal canadiense[143], dentro del apartado relativo a Delitos dirigidos a la corrupción moral[144].

5. La (insatisfactoria) aplicación del nuevo Código Penal y sus reacciones

Antes incluso de que la ley fuese publicada, la policía de Winnipeg ya manifestaba su predisposición a hacer cumplir fielmente el articulado[145], y este rigor, unido al clima hostil hacia los cómics, suscitó una honda preocupación entre los distintos sectores implicados en su distribución. Los quiosqueros, por ejemplo, expresaron su temor a que la ley acabase por afectar a todos los cómics, sin distinguir sus contenidos, con el consiguiente desplome de las ventas[146]. Pero fueron sobre todo los editores y distribuidores quienes más se quejaron. En una misiva remitida al propio Fulton por I. D. Carson, vicepresidente ejecutivo de la Periodical Press Association, consideraba la regulación inadecuada. Por una parte, porque introducía discriminaciones entre los distintos medios que publicaban cómics, ya que las restricciones legalmente previstas parecían no resultar aplicables a los periódicos, donde aquellos resultaban cada vez más frecuentes. Por otra, Carson manifestaba sus dudas de que la representación gráfica de un crimen ocasionase por sí misma un daño a los lectores mayor del que se producía a través de una imagen fotográfica o de un relato[147]. En definitiva, si se aplicaba con coherencia la ratio legislatoris, habría que prohibir también las noticias sobre crímenes incluidas en los periódicos, lo cual, evidentemente, supondría un atentado contra una libertad de prensa que, por otra parte, la Constitución canadiense no reconoció expresamente hasta el Bill of Rights de 1982. Las dudas de Carson se vieron confirmadas en 1951, cuando se intentó hacer uso de la ley en Alberta por la venta de Underworld Detective, en realidad un pulp magazine al que, sin embargo, se aplicó la legislación prevista para los crime comics[148].

Aunque no se citó expresamente, también en algunos de los cómics que circulaban por Canadá se mostraba el "daño a los ojos", que Wertham había descrito como una imagen violenta recurrente en los cómics (Mysteries Weird and Strange #2, 1953)	Una portada del pulp Underground Detective, que motivó la aplicación de la "Ley Fulton" en Alberta.

Los temores de vendedores, distribuidores y editores resultaban fundados. Tan pronto se aprobó la ley, dejaron de imprimirse en Canadá una veintena de cómics, en su mayoría de origen estadounidense[149], lo que llevó a que Fulton se mostrase satisfecho con el vigor de una ley que, según consideraba, había llevado a que los crime comics hubiesen prácticamente desaparecido del país[150].

En los años cincuenta, la llegada a Canadá de los "horror comics" supuso un nuevo factor de preocupación, debido a las imágenes que podían inspirar pesadillas a los niños. Dynamic Comics #21, 1947; Journey into Fear #3, 1951; Journey into Fear #6, 1952; Journey into Fear #6, 1952;Mysteries Weird and Strange #5, 1954; Journey into Fear #11, 1953; Journey into Fear #11, 1953; Mysteries Weird and Strange #7, 1954; Journey into Fear #13, 1953; Journey into Fear #13, 1953; Journey into Fear #15, 1953; Journey into Fear #15, 1953

En un intento de sortear el Código Penal, algunas editoriales derivaron sus productos desde los crime comics hasta otros géneros supuestamente ajenos a la Ley Fulton, como el de romance o incluso los horror comics. De hecho, en 1949, Superior Publishers adquirió los derechos de la línea New Trend de EC, aunque hicieron uso de algún truco a fin de eludir la aplicación de la ley: Crime SupenStories cambió en Canadá su título por Weird SuspenStories (1950-1951) para evitar la mención de “crimen” en el título. Del mismo modo, llegaría a editar sus propios cómics de terror: Journey into Fear (1951-1954), Strange Mysteries (1951-1955) y Mysteries Weird and Strange (1953-1955). Pero la opción mayoritaria de la industria del cómic canadiense fue la de autorregularse[151], lo que llevó en 1950 a la creación de la Comic Magazine Industry Association of Canada, que se comprometió a revisar los originales importados desde Estados Unidos antes de su reimpresión en tierras canadienses[152]. Aun así, la industria intentó a la desesperada convencer a las autoridades sobre la conveniencia de reducir el rigor de la nueva ley[153]. En concreto, la citada Comic Magazine Industry Association of Canada sugirió al ministro de Justicia que la ley se reformase, a fin de que la prohibición de vender crime comics se circunscribiese a menores de edad, que el procesamiento de cualquier acusado por infracción de la ley exigiese de un previo consentimiento del ministerio fiscal y, en fin, que para hallar culpable a un vendedor o distribuidor fuese preciso demostrar que conocía el contenido nocivo del cómic que hubiese dado lugar al proceso[154].

Crime SupenStories cambió el nombre por Weird SupsenStories en Canadá, para ocultar la palabra "Crimen" en el título.

Tampoco faltaron algunos críticos que, sustancialmente a través de la prensa, cuestionaron la bondad de la nueva ley. Con carácter general, se planteaban dos objeciones: en primer lugar, había quien vaticinaba que la ley generaría la idea de los cómics como un “fruto prohibido”, haciéndolos aún más atractivos entre la juventud sin que, además, se lograse el objetivo de reducir la delincuencia entre menores de edad[155]. Por otra parte, se advertía del peligro de que la “censura” pudiese extenderse a otro tipo de literatura[156]. Una advertencia, esta última, que resultaba fácilmente objetable porque en realidad la Ley Fulton-Garson no había introducido censura alguna, sino una responsabilidad penal ex post facto.

Una de las críticas más habituales a los cómics es que fomentaban las escapadas de casa por parte de niños, en busca de las aventuras que leían en las historietas. En esta página se representa precisamente esta idea (Grand Slam Comics, v2 #3, 1943)

En términos más concretos también se cuestionaron algunas inconveniencias técnicas de la ley. Así, no parecía justificado que la pena se aplicase sin tener presente si el reo conocía el contenido del cómic, tal y como habían planteado en su momento algunos senadores. Obviamente, el editor sí debía tener constancia de ese contenido, pero no así el vendedor, a pesar de que devenía igualmente responsable[157]. Advertencia que ponía en tela de juicio la objetivación de la responsabilidad que había fijado el Ministerio de Justicia a fin de facilitar la persecución penal, según hemos visto.

Otro problema era la ambigüedad de la ley al exceptuar de su aplicación a aquellas publicaciones que sirviesen al bien común. En realidad, esta previsión no había sufrido modificación alguna, y se remontaba al Código Penal de 1927, cuando el tipo penal se circunscribía a las publicaciones obscenas. El objetivo era evitar que se castigasen obras que no tenían una intención lasciva, sino que —como sucedía con los tratados de medicina— trataban en realidad cuestiones biológicas o psicológicas. Ahora bien, con la equiparación de los crime comics a las publicaciones obscenas, aquel párrafo general les resultaba también aplicable a ellos. Y de ahí las dudas, porque ¿qué debía considerarse como “servir al bien público” cuando se trataba de un crime comic? ¿Acaso era posible tal cosa? En realidad, Charles Biro y Lev Gleason habían publicitado sus cómics como un ejemplo de que “el crimen no compensa” y, por tanto, con un objetivo aleccionador para la juventud. ¿Permitiría, pues, esa excepción legal que cómics como Crime Does Not Pay pudieran demostrar que estaban concebidos para el bien público y, de este modo, podrían eludir la responsabilidad penal? Al final no quedaría más remedio que decidir caso por caso, con la consiguiente inseguridad jurídica que planteaba[158].

Los críticos consideraban que el erotismo fomentaba las conductas pervertidas de los niños; en este cómic se podría manifestar un acto de voyeurismo (Aggie Mack #8, 1949)

Ni la propuesta para suavizar el rigor legislativo ni las críticas vertidas hallaron la pretendida respuesta, y en los años sucesivos se intentaron —aunque por lo general con escaso éxito— procesamientos de varios editores. En 1954 la prensa contabilizaba hasta ochenta y siete procesos en aplicación de la Ley Fulton[159], aunque el dato resultaba exagerado, ya que en realidad no incluía solo los procesos contra crime comics, sino también los incoados por razón de publicaciones obscenas[160]. En todo caso, la prensa llegaba en ocasiones incluso a dar noticia del domicilio social de la librería o quiosco cuyo titular se hallaba bajo acusación[161]. Toda una invitación a las represalias sociales, sobre todo en un clima de hostilidad bastante manifiesto hacia los cómics.

A pesar de lo orgulloso que Fulton estaba de su ley, esta había operado más como factor disuasorio que como instrumento auténticamente sancionador. Pero la falta de aplicación efectiva de la norma —con procesamientos reales que mostrasen a la ciudadanía que las medidas legislativas se hacían valer—, unida al inteligente giro editorial de las empresas (buscando nuevos géneros que no encajasen fácilmente en el concepto de crime comic), hizo que gran parte de la sociedad sintiese que no se habían logrado avances, de modo que la cruzada social anticómic mantuvo viva su llama. Y nunca mejor dicho, habida cuenta de que en varias localidades se perpetró la quema de cómics[162], en lo que sería una práctica también habitual en Estados Unidos.

Algunos cómics de origen estadounidense se imprimían directamente en Canadá (Saäri #1, 1951)	Circulación de los cómics estadounidenses por Canadá; unos cómics que se identificaban con recurrentes imágenes de violencia (Grand Slam Comics, v2 #3, 1943)

Pero, por supuesto, no todas las medidas sociales resultaron tan virulentas, y hubo quien optó por buscar soluciones harto más constructivas. Así, algunas bibliotecas, como la de Vancouver, iniciaron una campaña de intercambio de cómics por libros[163], en tanto que otros detractores de los cómics trataron de orientar a los editores acerca de qué contenidos debían incluir en sus publicaciones. Tal fue la iniciativa de un eclesiástico, el padre Gay, que compareció en un comité del Senado en 1952 (Senate Committee on Salacious Literature)y propuso seis puntos a modo de código autorregulador: las ilustraciones debían mostrar un respeto hacia la ciencia y la historia natural (es decir, evitar los disparates físicos, como los que aparecían en las historias de ciencia ficción y superhéroes); la inteligencia debía prevalecer sobre la fuerza a la hora de resolver conflictos; el horror y la tortura tenían que sustituirse por imágenes de una vida pacífica y honrada; los personajes debían retratarse con “verosimilitud psicológica”; la vida humana tenía que ser respetada, siendo los villanos castigados conforme al Estado de derecho; los villanos y las personas deshonestas no podían mostrarse como modelos; el texto tenía que hallarse bien redactado y fomentar el tránsito de cómics a libros, y finalmente, “el tono general de las revistas debería ser optimista y agradable”[164].

El erotismo fue especialmente perseguido en Quebec. En Canadá circularon cómics cuyas portadas y viñetas encajaban dentro de lo que se daba en denominar como "headlight comics". Bruce Gentry #2, 1948; Bruce Gentry #4, 1949;Journey into Fear #2, 1951; Journey into Fear #3, 1951; Journey into Fear #15, 1953; My Secret Story #27, 1950; Saäri #1, 1951; Strange Mysteries #19, 1954

Esta escalada de respuesta social al problema —supuestamente no atajado— de los cómics se tradujo en nuevos intentos normativos, esta vez en el ámbito provincial y local. La primera en adoptar medidas fue la francófona Quebec, una provincia en la que la Administración había tratado de asumir tradicionalmente un mayor proteccionismo respecto de los menores de edad[165]. La actuación de Quebec respondía a lo que sus autoridades percibían como un vacío en la Ley Fulton-Garson: esta se ocupaba de los crime comics, pero no contemplaba los cómics eróticos y de romance, tan dañinos como aquellos[166]. De hecho, este tipo de cómics había sido acusado de causar numerosos daños entre la juventud: desde el incremento en el número de divorcios[167] hasta el provocar situaciones de ansiedad[168]. Precisamente para solventar la laguna, el Parlamento de Quebec aprobó en marzo de 1950 —es decir, apenas tres meses después de ver la luz la Ley Fulton-Garson— una ley que prohibía la presencia de imágenes inmorales en cualesquiera publicaciones.

El género de romance empezó a circular por Canadá en los años 50, en su mayoría procedentes de Estados Unidos. En estas portadas se lee el rótulo "edición canadiense". Love Stories of Mary Worth #1, 1949; Hi-School Romance #1, 1949; First Love Illustrated #4, 1949

Los cómics de romance representaban habitualmente situaciones irreales o, se decía, fomentaban relaciones ilícitas. En la carta de la lectora se ve cómo ésta manifiesta su preocupación por mantener relaciones con una persona casada. Love Problems and Advice Illustrated #3, 1949; Brenda Starr #3, 1948; My Secret Marriage #2, 1953; My Secret Marriage #2, 1953 (carta);  My Secret Marriage #8, 1954.

A igual que la propia reforma penal de 1949, también la nueva norma de Quebec contó con un amplio respaldo, en esta ocasión de setenta y tres a favor y apenas ocho en contra[169]. En consecuencia, el Provincial Film Censorship Board of Quebec, inicialmente previsto para censurar películas, amplió su objeto de fiscalización a las publicaciones, incluidos los cómics, lo que supuso incrementar sus integrantes hasta los ocho miembros, dos más de los que disponía originariamente[170]. Estas nuevas facultades del comité no agradaron a algunos canadienses, como el poeta y político Francis Reginald Scott, que veía en aquellas un peligro inmediato para la libertad de prensa: el órgano —que no estaba obligado a motivar sus decisiones ni a conceder audiencia— podía inadmitir la distribución de cualquier obra impresa, debiendo entonces los jueces ordenar su confiscación y destrucción. El resultado era que podían detener cualquier publicación, incluso copias futuras de la misma, hasta que la orden no resultase revocada. “Me atrevo a decir [que no] podría hallarse una norma equivalente en ningún país democrático del mundo”, sentenciaba[171].

El poeta Francis Reginald Scott, muy crítico con la legislación de Quebec que creaba un comité de censura.	Edificio histórico del Parlamento de Manitoba.	Parlamento de Alberta.

A pesar de ello, las medidas adoptadas en Quebec no resultaron aisladas. Otros territorios de Canadá también consideraban insuficiente la Ley Fulton-Garson y urgieron a la aprobación de sus propias leyes anticómic, como en el caso de Ontario[172] y Manitoba[173]. Algunas de estas iniciativas llegaron a buen puerto, constituyéndose comités específicos para controlar las publicaciones, tal y como sucedió en Alberta (Advisory Board of Objectionalbe Publications) y Ontario (Ontario Obscente Literature Committee). La creación de estos órganos —que afectaría de forma particular a la distribución de cómics— fue una respuesta a lo que algunos canadienses entendían como una incapacidad de los servicios de aduanas de poner coto a la masiva entrada de productos estadounidenses tras la Segunda Guerra Mundial. De hecho, nacerían para satisfacer a la campaña social, que se mantenía activa, lo cual explica, además, por qué entre los componentes de esos órganos figuraban representantes de algunas de las instituciones cívicas que abanderaban dicha cruzada.

El funcionamiento de estos comités estaba guiado, sin embargo, por una filosofía bien distinta a la que había dado lugar a la Ley Fulton-Garson: la imperiosa necesidad de implantar una censura, y no solo un control penal a posteriori[174]. En un acuerdo tácito, los distribuidores consentían en conformarse con las observaciones de los comités, a cambio de que el ministerio fiscal no abriera diligencias penales contra ellos por obscenidad[175]. En realidad, se trataba de una censura aceptada, si no con gusto, sí al menos con alivio por parte de los distribuidores: tras relajarse la censura de las aduanas, los distribuidores canadienses se vieron de pronto expuestos a procesos penales cuando importaban un producto estadounidense inadecuado, aun sin ser a veces conscientes de su contenido reprobable[176]. Ante la disyuntiva de una sanción penal o una censura que frenase la entrada del producto, se decantaban por la segunda opción.

Los comités de Ontario y Alberta funcionaron, sin embargo, de forma un tanto diferente: en tanto el primero atendió a las resoluciones judiciales, ya que valoraba si el material sería considerado “objetable” por un tribunal en caso de ser distribuido, el segundo intentó forjar una categoría propia de “obscenidad”, a fin de aplicarla a las publicaciones que sujetaba a examen[177]. Para cumplir su objetivo, el comité de Alberta elaboró una pequeña guía o código que clasificaba las publicaciones en cuatro categorías, muy similares a las previstas por el comité de Cincinnati: “sin objeción”, en caso de no hallar elementos cuestionables; “con alguna objeción”, en el que se incluirían faltas menores, como dibujos de poca calidad, defectos gramaticales, letras demasiado pequeñas que podrían dañar la vista y representación de actos criminales o violaciones morales, incluso si resultaban castigadas; “objetable” sería la categoría prevista para aquellos cómics que incluyesen obscenidad, vulgaridad, profanaciones, prejuicios raciales, tratamiento humorístico o glamuroso del divorcio, mujeres criminales, indumentarias indecentes, crueldad, o adicciones al alcohol y drogas; finalmente, se considerarían “muy objetables” aquellos cómics que incurriesen en las anteriores faltas en un grado muy elevado[178]. La aplicación no se hizo esperar, y en sus primeros meses de vida, el Comité de Alberta retiró de circulación, de forma inmediata, quince cómics[179].

Los rígidos códigos de Ontario y Alberta no mencionaron algunas cuestiones negativas de los cómics, como los estereotipos raciales. Better Comics v4, #7, 1944-1945; Red Seal Comics #22, 1947; US Fighting Air Force #1.

A las autoridades les preocupaba la imagen erótica de la mujer, pero no así otros tratamientos denigrantes (tanto sicológico como físico). En las imágenes superiores, ante el problema de obesidad de la amiga de Brenda Starr, un compañero de ésta le dice que siempre puede trabajar en un circo. En las imágenes inferiores, representación de maltrato físico a mujeres. Brenda Starr #6, 1949; Journey into Fear #11, 1953; Our Secret #4, 1949.

Aparte de sus tareas de fiscalización, este último comité desempeñó tareas de concienciación social, particularmente evidentes a través de la publicación del panfleto What’s Wrong With Comic Books?[180](1956), considerado por algún segmento de la prensa como una guía de cómics[181]. En él se listaban, con correspondientes dibujos y citas de autoridades (incluyendo, por supuesto, a Wertham, pero también a policías, políticos y hasta a Hoover) corroborando las afirmaciones, qué males ocasionaban los cómics. Cada uno aparecía acompañado de un breve cuestionario que, a modo de guía y aplicándolo al cómic que pretendiera evaluarse, permitiría al lector por sí mismo colegir la calidad de la revista. A tales efectos, se proporcionaba incluso una tabla en la que el lector podía ir anotando sus respuestas, como en esos tests tan habituales en las revistas de divulgación. En definitiva, una especie de guía de “autoayuda” para que los padres y madres pudiesen verificar por sí mismos la idoneidad de los cómics destinados a sus retoños.

Portada y dos páginas de What's Wrong With Comic Books?, publicado en Alberta (1956)

Los defectos que la guía adjudicaba a los cómics eran, obviamente, los que guiaban al propio comité a la hora de elaborar sus listados de esas revistas: violencia, tratamiento inadecuado del divorcio, racismo, horror, dibujos poco estéticos y dificultad para su lectura. Para enmendar estos males, el panfleto concluía con unas instrucciones para fomentar las buenas lecturas entre los niños. No todo se cifraba, pues, en la respuesta legal: también los padres debían tener un papel activo para erradicar lo que Fulton denominaría como “una amenaza para la sociedad” canadiense[182].

La ausencia de texto se consideraba como perjudicial para la educación de los niños; sin embargo, en muchos cómics había una presencia más que notable de texto. Billy the Kid #11, 1952; Bruce Gentry #7, 1949

Algunos cómics estaban mal impresos, mostrando evidentes deficiencias de color que, según algunos críticos, causaban daños en la visión de los niños. Aggie Mack #8, 1949; Billy the Kid #11, 1952

 

6. La nueva reforma del Código Penal para perseguir a los cómics de romance y terror

Las medidas adoptadas en el ámbito local y estatal sirvieron de estímulo para que los cómics volvieran a ser objeto de tratamiento federal. Una vez se había legislado contra los crime comics, se veía la necesidad de acometer también reformas en el sentido emprendido por Manitoba, Alberta y Ontario, a saber, endurecer la legislación antiobscenidad. La influyente Imperial Order Daughters of the Empire se encontró entre las primeras en solicitar un endurecimiento de la Ley Fulton-Garson para incluir también cómics de sexo y romance[183]. Y es que, aunque ya en los años cuarenta —incluso en el debate de la reforma del Código Penal en 1949— el problema de la obscenidad en los cómics había estado presente, fue en los años cincuenta cuando esta crítica ganó intensidad, desplazando progresivamente a la acusación de que aquellas revistas promovían la delincuencia juvenil. Parte de este cambio de paradigma crítico derivó del progresivo auge de las girlie magazines y de los cómics de romance, nacidos no solo como respuesta a un nicho de mercado, sino, según hemos visto, también como alternativa a los crime comics, debido al acoso que sufrían desde la promulgación de la Ley Fulton-Garson[184].

Ottawa Centre Block (1880). Edificio del Parlamento de Ontario.	Imperial Order Daughters of the Empire; una organización especialmente beligerante contra los cómics.

Los cómics de romance presentaron temáticas muy diversas, como ésta, aprovechando la coyuntura bélica (G.I. War Brides #1, 1954)

El senador James Joseph Hayes Doone, promotor de la cración de un comité para investigar la literatura indecente y los crime comics.

En diciembre de 1952, el senador James Joseph Hayes Doone, un liberal de Nueva Brunswick , solicitó la creación de un comité especial del Senado que investigara la literatura indecente y las publicaciones objetables, incluidos los crime comics[185]. Aprobada la iniciativa, el denominado Special Committee on Salacious and Obscene Literature empezaría a funcionar en 1952, reuniéndose en seis ocasiones y recibiendo numerosas cartas, solicitudes e informes que se condensaron en un breve informe, publicado en abril de 1953, en el que se limitaba a requerir a los agentes de aduanas que extremasen sus cautelas para impedir la entrada de productos que amenazaban los “estándares morales” de Canadá[186]. Un aspecto al que no era ajeno, una vez más, el componente nacionalista, ya que la perversión a la juventud canadiense se percibió, igual que en otras latitudes, como una amenaza misma a la nación, procedente de países “no cristianos”, en particular de Estados Unidos[187].

En enero del año siguiente, Davie Fulton intentó —infructuosamente— crear una comisión interparlamentaria sobre el mismo objeto, alegando la necesidad de concretar legislativamente qué se debía entender por publicaciones obscenas[188] (atendiendo a los estándares morales de la comunidad), por cuanto la vigente normativa se hallaba obsoleta[189], y otro tanto sucedía con la definición jurisprudencial, basada en el llamado Hicklin test, que databa de 1868[190]. Obstaculizar las publicaciones obscenas se les antojaba a los diputados como una necesidad insoslayable, ya que aquellas dañaban a la sociedad del mismo modo que los microbios lo hacían con el cuerpo humano[191]. Y esa misma sociedad canadiense —representada a través de organizaciones como la siempre presente Imperial Order of the Daughters of the Empire— demandaba una intervención legislativa al no ser posible contar con una solución basada en la acción voluntaria de los editores[192].

Ciertamente, esta propuesta no se ceñía a los cómics, y de hecho, en los debates se citó ante todo la literatura difundida a través de pocket books, como las obras de Mickey Spillane[193], pero en mente de todos se hallaban también aquellas otras publicaciones cuya prohibición se hallaba en la misma sección del Código Penal. De hecho, las argumentaciones en materia de obscenidad no se distanciaban de cuanto se había mencionado contra los cómics durante el debate de la Ley Fulton-Garson. Y así, igual que los crime comics propiciaban una imitación delictiva por parte de los niños, también las publicaciones obscenas —incluidos los cómics de ese tenor— podrían favorecer remedos[194]. En este sentido, el diputado del Partido Liberal Pierre Gauthier cuestionó abiertamente las teorías de la doctora Lauretta Bender, que no admitían ese riesgo de imitación[195]. También el elemento nacionalista, que había hecho acto de presencia en el debate de la Ley Fulton-Garson, volvía a salir a colación en referencia a las publicaciones obscenas: estas, decían algunos diputados, procedían principalmente de Estados Unidos, y eran distribuidas por dos compañías de aquel país (National News Company y American News Company); aspecto, por otra parte, que dificultaba la adopción de la medida más apropiada, a saber, perseguir penalmente a editor y distribuidor[196].

Al debate suscitado con ocasión de las publicaciones obscenas, y que apuntaba de soslayo a los cómics, le sucedió otro más centrado en estos últimos y que tuvo lugar en abril de 1954. En ese momento, el Parlamento abordó una nueva reforma del Código Penal que afectaba a la antigua cláusula 207, que pasaría a ser reenumerada como 150 (obscene matter)[197] en una reestructuración global de la legislación criminal canadiense. El cambio del citado artículo consistía en ampliar el concepto de crime comic. Si hasta entonces se había definido como “revista, publicación periódica o libro que exclusiva o sustancialmente contenga material que muestre pictóricamente la comisión de delitos, reales o ficticios”, en la nueva redacción incluiría además la plasmación pictórica de “eventos conectados con la comisión de delitos, reales o ficticios, ya hayan ocurrido anterior o posteriormente a la comisión del delito” (cláusula 150.7.b)[198]. La modificación pretendía erradicar también publicaciones dedicadas a la investigación criminal, aunque no mostrasen la perpetración del delito, y venía de hecho motivada por la ya citada sentencia absolutoria que se había dictado en contra del procesamiento en Alberta a raíz de la publicación Underground Detective.

El incombustible Fulton volvió a protagonizar el debate, poniendo de manifiesto la idoneidad de la reforma —a pesar de ser iniciativa gubernamental, y no propia— al considerar insuficiente la vigente legislación que él había contribuido a aprobar apenas cinco años atrás. Si bien insistía en que la norma original había logrado frenar la circulación de crime comics, el éxito había resultado temporal, ya que estas revistas habían vuelto a aflorar adoptando nuevas formas, en particular la de horror comics[199]. Cifrando la venta de cómics en unos optimistas ocho millones de ejemplares mensuales, Fulton equiparó su efecto dañino entre la infancia con la que ocasionaba la literatura obscena, como la popular Women’s Barracks[200](1950), de Tereska Torrès; una obra extremadamente controvertida en aquel entonces por la descripción de relaciones lésbicas en el ámbito castrense.

Edición de Women's Barracks, la polémica obra de Tereska Torrès

Siguiendo su modus operandi habitual, Fulton volvió a esgrimir una cita de autoridad ya empleada con profusión anteriormente: Fredric Wertham[201]. El hecho de que este último acabase de publicar Seduction of the Innocent (a punto de editarse también en el propio Canadá) le proporcionó a Fulton más material que citar en la Cámara para evidenciar los problemas de los horror comics. E, imitando el ejemplo del propio Wertham, también sacó a colación unos cuantos casos de delitos perpetrados por menores supuestamente bajo el pernicioso influjo de los cómics[202]. Es más, tal y como también había hecho el psiquiatra germano-estadounidense, Fulton añadió a los cargos uno nuevo: el de depravar a los niños inclinándolos incluso a la prostitución infantil[203]. Sin duda en este extremo Fulton no se refería tanto a los cómics de horror o crimen, sino al género de romance, también en el ojo del huracán, según hemos visto.

Las imágenes de "mujeres fatales" y prostitutas supuestamente fomentaban la prostitución infantil. G.I. War Brides #1, 1954; Journey into Fear #1, 1953; Journey into Fear #1, 1953; My Secret Marriage #8, 1954	El sadismo de los "horror comics" fue uno de los aspectos más cuestionados. Strange Mysteries #4, 1952 (arriba izquierda); Journey into Fear #4, 1951 (centro izquierda); Red Seal Comics #19, 1947 (arriba derecha); Journey into Fear #13, 1953 (abajo izquierda); Journey into Fear #7, 1952 (abajo derecha).

El seguidismo de Fulton hacia Wertham resulta también evidente en la equiparación que ambos hacían de los horror comics con los crime comics. Ligados ambos por la constante representación de actos violentos y conductas delictivas, nada diferenciaba a uno y otro género. De ahí que Fulton estuviese convencido de que su ley —sobre todo con la nueva redacción que se estaba debatiendo— también alcanzaba sin problemas a este nuevo género que estaba invadiendo Canadá[204]. La definición era, de hecho, lo suficientemente amplia para englobarlos. Pero, si era así, ¿cómo habían llegado a medrar en suelo canadiense? La respuesta no había que buscarla en el contenido de la norma, sino en cómo se había aplicado o, por mejor decir, cómo no se había aplicado, porque lo que le faltaba era ejecutividad[205].

Buena prueba de ello era el hecho de que los únicos procesos abiertos a su amparo habían alcanzado a un vendedor y a un distribuidor, es decir, al último eslabón de la cadena[206]. Pero en ningún caso habían logrado encausar al verdadero origen del nocivo producto, a saber, el editor[207], cuya responsabilidad aparecía compartida por el importador[208]. Así pues, resultaba preciso centrarse en ese objetivo[209], y para Fulton la mejor manera de lograrlo era, simplemente, incrementando las penas para ellos[210]. De dos años de prisión se elevaría a cinco, acompañados de multa que, si el responsable era una corporación, podría llegar a los veinticinco mil dólares[211]. Multa que luego el propio Fulton, ante la escasa acogida recibida por su propuesta y como si de una puja se tratase, rebajó a diez mil dólares[212], en lo que fue interpretado por la prensa como una claudicación que rozaba el fracaso[213].

El género del Oeste también tuvo un amplio desarrollo en Canadá, y se sujetó a severas críticas por sus dosis de violencia. La figura de "Billy the Kid" fue especialmente denostada porque los niños se identificaban fácilmente con él. Billy the Kid #11, 1952; Billy the Kid #11, 1952; Brenda Starr #6, 1949; Bruce Gentry #2, 1948; Three Aces (v5, #53, 1946);Tom Mix Western #9, 1949

El incremento de la sanción pretendía, obviamente, ejercer sobre el editor un efecto disuasorio. Ávido de ganancias, según Fulton, la vigente legislación le resultaba económicamente rentable al editor, ya que la multa a la que tenía que hacer frente si resultaba sancionado representaba apenas una insignificante parte del lucro que habría obtenido con la venta del producto[214].

Pero la propuesta de Fulton se enfrentó a una oposición que desde luego no había conocido en 1949 su propuesta de ley de reforma del Código Penal. Parte de los representantes no tenían esa condición cuando se había aprobado la Ley Fulton, y su visión del asunto era ahora bien distinta, quizá porque veían el problema con la perspectiva de cuatro años de aplicación de la ley. Pero el diputado de Columbia Británica se halló también con la renuente posición del ministro de Justicia, Stuart Garson, otrora aliado en la reforma del Código Penal. Es posible que, habiendo sido en realidad el proyecto de ley de 1949 reelaborado por él mismo —convirtiendo la originaria iniciativa de Fulton en un proyecto de ley gubernamental—, se identificase más con la redacción vigente y la defendiese a capa y espada.

El ministro consideraba innecesaria la reforma pretendida por Fulton. Bien es cierto que hacía falta mayor ejecutividad de la ley[215], pero el incremento de las penas no lograría su objetivo, por varias razones. La primera era que, en realidad, la propuesta podía servir para reducir, que no aumentar, la sanción, ya que —al menos en lo que se refería a la pena impuesta a una corporación— el tipo delictivo podía encuadrarse dentro del que iba a ser el nuevo artículo 623, que permitía al juez determinar el alcance de la sanción según el daño ocasionado. Fijar la multa en veinticinco mil dólares (o diez mil, según la posterior propuesta de Fulton) suponía establecer un techo máximo para el tribunal que, de no contar con él, podría exigir pagos aún mayores[216]. La segunda razón para oponerse a la reforma pretendida residía en su escasa operatividad, teniendo presente que muchos de los cómics que circulaban por Canadá eran de origen estadounidense, de modo que los tribunales no podrían exigir responsabilidad a los editores del país vecino por evidentes razones de extraterritorialidad[217]. Hasta Fulton hubo de reconocer que en este último caso solo se podría obtener algún resultado —aunque no tan satisfactorio— encausando al menos al importador canadiense[218].

La oposición que encontró Fulton por parte de sus colegas representantes iba sin embargo por otros derroteros. A diferencia de Stuart Garson, no querían mantener la ley como estaba, sino que, muy al contrario, cuestionaban muchos aspectos de ella y pretendían enmendarla con una profundidad mayor incluso de la que proponía  Fulton. Incrementar las penas de poco serviría —a su parecer— para paliar los defectos intrínsecos que la lastraban. El primero de ellos residía en la propia definición de crime comic, inadecuada precisamente por aquel aspecto del que más alardeaba Fulton: su amplitud[219]. Si esta permitía englobar también a los horror comics se debía en realidad a que adolecía de una vaguedad y ambigüedad tales que dificultaban la determinación, en casos concretos, de qué tipo de publicaciones resultaban punibles. ¡Si hasta los agentes de la ley confesaban dudar cuándo se hallaban ante un cómic nocivo, qué no sucedería en el caso de los distribuidores y vendedores![220]

	El senador Frederick Samuel Zaplitny (1913-1964)

Los opositores a Fulton —y de paso a Garson, en este punto aliados— hicieron hincapié ante todo en que lo que había que hacer no era endurecer la ley, sino todo lo contrario: permitir que la responsabilidad objetiva prevista en la ley no alcanzase a distribuidores y vendedores, de modo que estos pudiesen alegar ignorancia del producto con el que habían comerciado[221], tal y como habían propuesto en su día algunos senadores. Frederick Samuel Zaplitny, representante por el distrito de Dauphin, fue quien encabezó esta idea, volviendo contra Fulton y Garson sus propios argumentos. Ciertamente, los cómics se hallaban profusamente extendidos por Canadá… de hecho, los vendían también en restaurantes, peluquerías o droguerías… ¿E iba a exigirse que estos comerciantes conociesen el contenido de esas publicaciones[222]? ¿Dónde estaba su cualificación para ello? Y en el caso de los quiosqueros, libreros y distribuidores, ¿cómo obligarles a que tuviesen cabal conocimiento de todo cuanto expedían, dado el volumen de publicaciones existente[223]? El número tan impresionante de cómics —argumento de Fulton para considerar que había que detener esa “riada de veneno”[224]— servía a su colega para rebatirlo: tal prolijidad sólo demostraba que el eslabón final de la cadena (distribuidor y vendedor) nunca se hallaba en condiciones de conocer con propiedad el producto punible.

La propuesta de Zaplitny no llegó, sin embargo, a buen puerto. En esta ocasión, Fulton y Garson aunaron fuerzas para combatir los argumentos del representante de Dauphin, alegando que, si bien era cierto que el distribuidor y el vendedor no tenían una responsabilidad tan manifiesta como la que pesaba sobre el editor, no por ello podían declararse totalmente inocentes en la difusión de los cómics perjudiciales[225]. Para Fulton y Garson, determinar cuándo una revista encajaba dentro del tipo penal no resultaba tan complejo como postulaba Zaplitny[226], y en el caso concreto del vendedor, una vez se percatase de que había llegado a sus manos un producto ilegal, siempre podía devolverlo al distribuidor[227]. La enmienda que defendía Zaplitny se les antojaba, por tanto, un paso atrás inadmisible, porque permitiría que parte de los sujetos responsables de contaminar a la infancia y juventud pudiesen excusarse de su responsabilidad alegando desconocimiento del contenido del producto transferido[228]. Algo que no estaban dispuestos a consentir.

A la postre, tanto Zaplitny como Fulton vieron por igual descartadas sus propuestas. Ni los vendedores y distribuidores podrían alegar ignorancia para eximirse de responsabilidad ni tampoco los editores verían incrementadas las penas que sobre ellos pesaban. El Código Penal quedó, pues, enmendado apenas en el sentido en el que había propuesto el Gobierno, a saber, simplemente ampliando la definición de crime comic. Pero para Fulton el cambio resultó en parte satisfactorio, porque, según entendía, la nueva redacción permitiría al menos alcanzar también a los horror comics en los que aparecían actos criminales ilustrados de forma más descarnada que los que figuraban en los crime comics[229].

7. ¿Una medida legislativa de escasa eficacia?

La Ley Fulton-Garson tuvo una aplicación bastante irregular. Como ya se ha mencionado, el primer caso en el que se hizo uso de ella alcanzó a la distribuidora Alberta News Ltd. en 1951, por la posesión —para su posterior distribución— de Underworld Detective[230]. En realidad, no se trataba de un crime comic, sino de un pulp magazine al que la policía acusó de contener imágenes de delincuentes, cadáveres y víctimas que permitían aplicar el Código Penal. Sin embargo, se trataba de un uso inapropiado de la ley, por cuanto la revista, tanto por su contenido como por su elevado precio (veinticinco centavos) iba orientada al público adulto. Por si fuera poco, la revista no mostraba “la comisión de delitos, reales o ficticios”, sino la investigación posterior a su perpetración. Todo ello no pudo conducir más que a una resolución favorable a Alberta News Ltd.

En 1953, sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de Manitoba (R. v. Roher, 1953, 107 C.C.C. 103) sí aplicaría efectivamente la Ley Fulton-Garson, fallando contra el demandado, Abe Roher, propietario de un restaurante, por la venta de un cómic de Dick Tracy, aunque la multa se ciñó a apenas cinco dólares[231]. No había transcurrido más de un año cuando se produjo un procesamiento de mayor envergadura, habida cuenta de quién fue su destinatario: William Zimmerman, director de Superior Publishing[232], a la sazón la mayor editorial dedicada a los cómics, después de que sus competidoras se hubiesen ido quedando por el camino. El procesamiento a Zimmerman, por publicar crime comics, era precisamente el resultado deseado por Fulton cuando solicitó enmendar —sin resultado— su ley en 1954; de lo que se trataba era de responsabilizar al editor, más que a distribuidores y vendedores.

Dick Tracy, cómic en virtud del cual se procesó al librero Abe Roher.

A partir de los años sesenta, la aplicación de la Ley Fulton-Garson resultó todavía más escasa, lo que no impidió que los cómics tuvieran ciertas dificultades en tierras canadienses. Pero en vez de tener que enfrentarse a aquella ley, fue la legislación sobre obscenidad —tanto en lo referente a la importación de material extranjero como a la circulación interior— la que puso en aprietos a los cómics. Así, en 1985, la distribuidora canadiense Andromeda Publicationsvio cómo los agentes de aduana inspeccionaban en Ontario un cargamento de publicaciones importadas, requisando un ejemplar de la obra Void Indigo (Marvel Graphic Novel, núm. 11), por entender que podía incumplir la legislación aduanera antiobscenidad. Antes de que las autoridades postales centrales de Ottawa adoptaran una decisión, el director de Andromeda Publications, Ron van Leeuwen, decidió no importar más cómics de la línea Epic de Marvel, en previsión de que la situación pudiera volver a repetirse[233]. La legislación había actuado, pues, como factor disuasorio, del mismo modo que en parte lo había hecho la Ley Fulton-Garson con los crime comics a comienzos de los años cincuenta.

Void Indigo #1 y #2 (Marvel Comics, 1984)

La situación no pareció relajarse lo más mínimo en los años sucesivos[234], y de hecho, los distribuidores canadienses denunciaron las dificultades que experimentaban para importar cómics en aduanas como la de Blaine (entre el Estado de Washington y Vancouver) debido a la severa aplicación de la normativa antiobscenidad[235]. Efectivamente, cuando los agentes de aduanas se incautaron de ejemplares del número octavo del cómic de Scott Russo Jizz (Fantagraphics), en este caso no ya por obscenidad sino por “promover el odio”, la distribuidora Diamond decidió no apelar la decisión. “Ya tenemos bastantes problemas con las aduanas canadienses —confesó uno de sus representantes—. Vamos a tratar de no llamar todavía más la atención  (…) Este país se está convirtiendo a toda velocidad en un país nazi con nosotros”[236].

Jizz #1 y #5 (Fantagraphics, 1991)

Al margen de las importaciones, la legislación antiobscenidad también se aplicó con notable rigor para controlar las ventas de cómics “ofensivos”. Tal fue la situación en la que se vio inmersa una librería de Calgary, Comics Legens, en la que la policía requisó noventa y dos cómics[237] (incluyendo ejemplares de Bizarre Sex¸ Beaver Comic y Zap), en un principio aplicando la Ley Fulton-Garson (distribución de crime comics), calificación penal que a continuación la policía misma rectificó, para imputar que se trataba en realidad de una violación de la legislación antiobscenidad[238]. El oficial de la brigada antivicio equiparó, de hecho, el material a revistas como Playboy.

Bizarre Sex #6, 1984 ; Zap Comix #7, 1982

 En el curso de sus pesquisas, los agentes de la ley no se limitaron a confiscar los cómics, sino que hicieron otro tanto con los datos personales de clientes que los tenían reservados. Por si fuera poco, siguiendo una lamentable tradición en Canadá, la dirección personal del encargado del establecimiento apareció publicada en un periódico local a la hora de referir la noticia. Toda una invitación al linchamiento.

 A decir de dicho encargado, las revistas objeto de controversia se hallaban situadas presuntamente al fondo de la tienda, en una estantería reservada para cómic underground y adulto. Sin embargo, la tienda ya había tenido anteriormente problemas, cuando una clienta se quejó de que su hijo, de catorce años, había comprado en ella ejemplares de Warlock 5 (Aircel) y Grendel (Comico), supuestamente destinados a lectores “maduros”. En aquella ocasión, el director del establecimiento había alegado que sólo limitaban la venta a mayores de dieciocho años en el caso de cómics expresamente destinados a adultos, pero no así otros cómics menos explícitos, en los que el control sobre su adquisición por parte de menores de edad debía corresponder a los padres. Utilizando argumentos esgrimidos en el curso del debate parlamentario de los años cuarenta, dicho encargado alegaba su incapacidad para comprobar el contenido de todos y cada uno de los cómics que vendía, aparte de considerar que no debía recaer en sus manos la censura sobre qué debían leer o no los niños[239].

Warlock #5, 1987; Grendel #38 (1989)

No obstante, tras el procesamiento, los responsables de Comics Legends adoptaron medidas más restrictivas, creando un estante expresamente calificado como “Sólo para adultos” y en el que los cómics se hallaban debidamente enfundados[240]. Una medida que decidieron adoptar apenas un año más tarde numerosos vendedores, después de que un padre publicase en The Ottawa Citizen un artículo quejándose por la colección de cómics de su hijo de doce años, en la que había ejemplares de Blackhawk, Green Arrow: The Longbow Hunters o Hellblazer. A pesar de que este último era el único que contenía la advertencia en portada de ir destinado a “Lectores maduros”, el padre consideraba que el contenido de todos ellos resultaba altamente objetable e impropio de figurar en las librerías al alcance de niños[241].

Green Arrow: The Longbow Hunters #3 (1987)

El sonado caso de Comics Legends se sustanció en sede judicial en 1988[242] y concluyó con una sentencia condenatoria, que consideraba a los propietarios de la tienda culpables de la posesión de material obsceno con intención de venderlo. Los dos propietarios del establecimiento fueron condenados a pagar una multa de quinientos dólares cada uno, y el establecimiento otra de dos mil[243].

Con un efecto en cascada, a partir de ese momento los cómics que circulaban por Canadá sufrieron un importante acoso. En apenas un par de meses, en Toronto se sometieron a pesquisas dos librerías (Planet Earth Comics y Dragon Lady), así como, una vez más, la distribuidora Andromeda Comics; en todos los casos en virtud de la legislación antiobscenidad[244], y en el caso de las librerías, a pesar de que los cómics objetables se hallaban debidamente enfundados y colocados en un estante destinado sólo a adultos. La actitud de las autoridades locales fue tildada por los defensores de los cómics como una actuación cuasifascista, en la que se evidenciaba una actitud puritana hacia las artes ya consolidada en toda la región de Ontario[245]. A pesar de las quejas, ello no impidió que el procesamiento volviese a surtir en este caso efectos disuasorios, al punto de que Andromeda Comics renunciase a distribuir nada menos que setenta títulos, en previsión de medidas restrictivas similares.

Dragon Lady Comic Shop (Toronto, Canadá), en 1979 (Fuente: CBC)

Pero la legislación antiobscenidad no se cebó sólo con las empresas: en 1991, un muchacho de dieciocho años, Mark Laliberte, fue encausado por editar y distribuir un fanzine casero, Headtrip: For The Tainted Intellectual, en el que figuraba una parodia erótica de Peanuts, la popular tira cómica de Charles M. Schulz[246]. Quizá se tratase de un caso aislado, pero este procesamiento demuestra a qué punto se llegó en la implacable persecución de los cómics en un país presuntamente liberal como Canadá.

Primer número del fanzine Headtrip: For The Tainted Intellectual (1989) y portada de la sentencia del Tribunal de Juticia de Ontario.

En todo caso, los ejemplos precedentes ponen de relieve que, a pesar de todo el aparato mediático que rodeó a la gestación de la Ley Fulton-Garson, su aplicación resultó excepcional, en parte porque también lo fue el género contra el que iba dirigido: los crime comics. Se trató prácticamente de una ley de caso único, lo que justifica que, superado ese género, la persecución de los cómics —las más de las veces injusta— se llevase a cabo a través de leyes generalistas pensadas para todo tipo de publicaciones, y no solo para los cómics, como es la normativa antiobscenidad.

El Código Penal canadiense sigue manteniendo viva esa reliquia legislativa con ligeras modificaciones. La antigua sección 207 ocupa la actual 163, y mantiene como conducta delictiva el que se “haga, imprima, publique, distribuya, venda o tenga en su posesión con ánimo de publicar, distribuir o hacer circular, un cómic sobre crímenes (crime comic)”. La definición de crime comic, por su parte, no ha variado respecto de la redacción aprobada en 1954, aunque sí existen algunas modificaciones en el procedimiento, que a día de hoy resulta más garantista. Los jueces pueden ordenar el secuestro de publicaciones siempre que se les informe, bajo juramento, sobre la sospecha razonable de que se trata de crime comics, con la obligación de citar al propietario en el plazo de siete días, para finalmente determinar si se trata de material ilegal (en cuyo caso se pondrá en conocimiento del ministerio fiscal) o no (en cuyo supuesto se procederá a la devolución de lo confiscado). A fin de procurar una intervención más efectiva sobre el mercado y, al tiempo, proteger la libertad de empresa, la propia ley considera también delito el que un distribuidor se niegue a vender a un comerciante publicaciones por rechazar éste adquirir, también, otras revistas que a su juicio pueden ser crime comics, eliminando así las tie-in sales, que tan cuestionadas habían estado en los años cuarenta y cincuenta.

Lo que queda hoy en Canadá es, por tanto, un vestigio normativo que, por fortuna, apenas se aplica, y que nos recuerda la situación vivida en aquel territorio a mediados del siglo pasado, cuando los cómics se convirtieron en centro del debate político y social.